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La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la inhabilitación de Cristiana Chamorro, candidata favorita en las elecciones presidenciales en Nicaragua, calificándola de nuevo atentado a la democracia que imposibilita la celebración de unos comicios libres, justos y transparentes, previstos para noviembre.

«Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles (…) acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral», dijo la OEA en un comunicado difundido este jueves en Washington.

La utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y pre cautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA, de los instrumentos en materia de derechos humanos y de pactos internacionales de los cuales Nicaragua es parte, recordó.

La OEA reiteró sus pedidos para la inmediata liberación de los presos políticos, y poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores; y en favor de la restitución de las libertades civiles y políticas, y a reconducir a Nicaragua hacia la democracia, a través de elecciones libres, con observación internacional.

Ortega persiguiendo opositores

El presidente Daniel Ortega ilegalizó al Partido Restauración Democrática (PRD) -pilar de la plataforma opositora Coalición Nacional-, y acusó de supuesto lavado de dinero a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, favorita entre los electores, según sondeos de opinión.

La Fiscalía de Nicaragua acusó a Cristiana, sin detallar los delitos que se le pretenden imputar, y luego emitió un comunicado que acusa a la hija de la ex presidenta Violeta Chamorro de “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”.

Previamente, el Gobierno de Nicaragua amplió, de 48 horas a tres meses, la prisión preventiva para los sospechosos antes de enfrentar juicios, plazo que fue aplicado contra dos exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, detenidos el viernes.

El arresto forma parte de una supuesta investigación por lavado de dinero contra ellos y Cristiana Chamorro, exdirectora de la organización, que suspendió operaciones en febrero de este año, tras la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

“Es un juicio político”, sostuvo Chamorro, quien denunció varias violaciones a los derechos constitucionales, durante la detención de sus exempleados, privados de reunirse con sus abogados y su familia.

“Se encuentran completamente incomunicados y aislados como mecanismos de presión y seguramente sometidos a las torturas que ya sabemos que ellos imponen en los reos”, agregó Chamorro, quien no descarta que estén siendo presionados para testificar contra ella.

Por otro lado, rechazó las acusaciones del Ministerio Público en el que se investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía por supuesto lavado de dinero, enfatizando que cada año se entregaban auditorías al Ministerio de Gobernación, que les permitió operar por 25 años.

Chamorro no descartó que pueda ser detenida en las próximas horas y describió al gobierno de Daniel Ortega como “un régimen arbitrario y autoritario, que viola los derechos humanos”.

En paralelo, la Fiscalía nicaragüense citó, al menos a 15 periodistas y directores de medios de comunicación, para ser cuestionados por haber recibido talleres y apoyo para el periodismo, en la fundación.

El jurista José Pallais comentó que la reforma al Código Procesal Penal que amplió el período de detención fue una copia “de países violadores de derechos humanos”, como Cuba y Venezuela.

“La lógica de países democráticos es que primero se investigue y luego se detenga, pero cada vez nos estamos acercando a Cuba, Venezuela y Corea del Norte”, señaló Pallais.

De igual forma han sido citados al Ministerio Público al menos 15 periodistas y directores de medios de comunicación, para ser cuestionados por haber recibido talleres y apoyo para el periodismo.

Ex sandinistas solidarios con Chamorro

Por su parte, ex jefes y militantes sandinistas agrupados en la coalición UNAMO expresaron su solidaridad con Cristiana Chamorro y demás perseguidos y acusaron a la fiscalía de actuar como «sicario de la familia Ortega-Murillo», fabricando causas judiciales contra inocentes, como viene ocurriendo desde la represión desatada en 2018.

«Promover la inhibición de Cristiana Chamorro, solo muestra el terror de la dictadura al voto popular, aún en las fraudulentas condiciones que se han establecido desde hace meses«, subrayó UNAMO, integrada entre otros por los legendarios comandante Doris Tejerino y el General de Brigada (r) Hugo Torres, el guerrillero de los dos asaltos, por su participación en los ataques a la casa del entonces ministro Chema Castillo y la toma del parlamento de Nicaragua.