El cubano Coro de Cámara Entrevoces celebró sus 40 años de vida artística en la isla de Tenerife, dijo a CiberCuba, Dimitri Díaz, coordinador general de la debutante Plataforma Iberoamericana de Movimiento Coral (PIMC), que se negó a comentar la negativa de varios cantores cubanos a regresar a La Habana.
Las autoridades españolas no han respondido a los mensajes ni llamadas de CiberCuba para confirmar la situación de los artistas cubanos que abandonaron la delegación, una vez finalizado el programa de conciertos en la canaria isla de Tenerife.
Díaz, lamentó la «enorme difusión» dada a la decisión de varios integrantes de quedarse en España, que contrastó con la escasa cobertura brindado al programa de conciertos, celebrados entre el 25 de abril y el 2 de mayo, y elogió la calidad artística de la agrupación, dirigida por la Maestra Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba que -hasta el momento de redactar esta nota- tampoco se ha pronunciado sobre el abandono de sus subordinados.
Previamente, la PIMC no informó a CiberCuba de su nacimiento, de la participación de Entrevoces en los conciertos en Tenerife ni del madrinazgo de Digna Guerra a la PIMC, recién creada por la asociación «Canarias canta», auspiciada por el Gobierno canario y la Universidad de La Laguna.
El coro cubano Entrevoces ofreció sendos conciertos en los municipios tinerfeños de Arona y San Cristóbal de La Laguna, este último también acogió otro en el Paraninfo de su universidad, según el programa oficial, que no detalló el repertorio de las actuaciones, aunque los calificó de exquisitos.
La gira coral cubana por la isla canaria de Tenerife fue pagada por los gobiernos de Cuba, Tenerife, Arona y San Cristóbal de La Laguna, además del respaldo de su universidad, siempre según una nota de los organizadores.
Entrevoces, fundado en 1981 por Guerra, es un coro mixto con un variado repertorio, que incluye las polifonías renacentistas española, inglesa e italiana, cantos espirituales negros, el folclore latinoamericano y la música cubana y contemporánea.
Dimitri Díaz, nacido en Venezuela, se desempeña como Gestor cultural, es presidente fundador de la Asociación Cultural Canarias Canta Venezuela – Canarias y ha sido nombrado coordinador general de la recién creada Plataforma Iberoamericana de Movimiento Coral.
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El profesor David Martínez Espinosa, expulsado esta semana de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por sus opiniones políticas y por promover la marcha del 15N, calificó de mafioso el clima de acoso en la academia cubana contra los librepensadores.
Martínez Espinosa impartía Química y Matemáticas aplicadas en el mencionado centro de educación superior, y este 19 de octubre le fue comunicada su expulsión durante una reunión con directivos de la universidad.
“Yo me esperaba esto, era evidente que sucedería, pero pensé que iba a ser un poco más adelante”, dijo a CiberCuba, en referencia a su expulsión por motivos de conciencia.
La portadora de la mala noticia fue la rectora de la institución Arelys Falcón Hernández quien convocó a la reunión con el defenestrado para notificarle que “había perdido mi categoría docente de profesor instructor universitario y, de esa forma, mi contrato laboral expiraba”, precisó el ingeniero.
Sobre la dirigente, Martínez Espinosa aclaró que, a pesar de no haber recibido un mal trato por parte de la funcionaria, ella es “cómplice e instrumento del régimen y de la represión a los que alzan la voz”.
El educador cuenta que entre los argumentos esgrimidos en la notificación escrita que le fue entregada, se mencionaba la propagación de fake news o “falsas noticias del acontecer nacional” en sus redes sociales, lo cual el joven negó categóricamente.
“Le dije que eso era una mentira flagrante”, relató, y pidió a la rectora que mencionara una sola de las noticias falsas aludidas. “Ella se refirió a mis críticas al régimen y yo le dije que eso no es que sea mentira, sino que es mi opinión”, precisó.
“Fake news es decir que la marcha del 15N es anexionista; fake news es decir que los que salimos el 11 de julio somos vándalos cuando fuimos nosotros los que recibimos los golpes, los estrellones contra el piso, a quienes nos tiraron para los camiones”, recordó el joven sobre la discusión durante el encuentro, en el que también mencionó la escasez de medicamentos y el descontento por las tiendas en MLC.
Otro de los argumentos de la rectora partió de su convencimiento en que “la marcha del 15N no iba a ser pacífica”, a lo que el joven le dio la razón, aunque por motivos diferentes.
“Ustedes van a ir a caernos a palazos a todos nosotros, esa es la única razón por la que la marcha no va a ser pacífica. Ustedes están incentivando la violencia”, aclaró el joven a su exjefa, y aseguró haber recibido amenazas.
“Nos están acosando, nos llegan mensajes privados de perfiles falsos” con frases como “atrévete a salir que te vamos a reventar” y “si tú eres hombre, pon un pie en la calle”, contó el exprofesor catalogando el acoso como actitudes propias de la mafia.
“Es una cosa de mafiosos, es una cosa que yo siempre había leído qué ocurría en los lugares donde hay mafias”, precisó, y lamentó que esa “atmosfera de oscuridad, de atentado de acoso de peligrosidad”estuviera presente “en una institución que se dice académica y sobre profesionales honestos”.
Martínez Espinosa aclaró además que su conducta ética en el aula era irreprochable. “Cumplo con lo que se me orienta, doy mis clases, yo nunca he tenido problemas en ese sentido, dijo y agregó que nunca ha “tomado el aula como espacio para hacer arengas políticas”.
Por tanto, precisó, “el problema es eminente y únicamente político” pues la medida está argumentada en papel “por lo que yo digo y defiendo en las redes sociales”.
Poco después de las declaraciones del profesor Martínez Espinosa, el doctor Manuel Guerra fue expulsado de la sala de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Buenaventura, en Holguín, donde había trabajado por más de dos años. Visiblemente indignado, el galeno se preguntaba “¿Hasta cuándo vamos a aguantar que los mafiosos estos hagan lo que ellos quieran?”.
Tanto el médico como el ingeniero son firmantes de notificaciones a los órganos de administración locales sobre la marcha cívica por el cambio del 15N, en Cienfuegos y en Holguín, respectivamente.
Otros promotores de la manifestación en La Habana y Villa Clara como el jurista Fernando Almeyda, el dramaturgo Yunior García y la empresaria Saily González se encuentran bajo persecución por parte de la seguridad del estado.
La expulsión de centros de trabajo y de estudio es un arma del régimen en Cuba para silenciar a críticos del sistema. En diciembre de 2020, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas se vio forzado a renunciar de su puesto laboral en el Hospital de Las Tunas y a su especialidad de Neurocirugía.
En abril de este año, a su colega bayamés Alexander Jesús Figueredo Izaguirre lo inhabilitaron para ejercer su profesión de urólogo por cinco años. En todos los casos los móviles han sido netamente políticos y forman parte de un patrón de escarnio y aislamiento que data de seis décadas, por parte de un Estado que ve a los profesionales como propiedad privada y fuente de ingresos.
El Observatorio de Libertad Académica (OLA), que documenta los abusos en este sentido, ha condenado las constantes violaciones de los derechos de expresión y libertad académica en Cuba, así como al derecho al trabajo.
Según las estadísticas de OLA, en 2016 -mientras se reestablecían las relaciones diplomáticas con Estados Unidos- Cuba amasó el mayor número de despidos y discriminaciones en sus universidades por razones políticas.
La empresa Trust Investing Cuba recomendó a sus afliados ética y prudencia ante los cuestionamientos a su labor, informó que su director general, Ruslán Concepción, detenido desde abril por presunta «actividad económica ilícita», goza de buena salud, y aseguró que saldrá fortalecida de la actual crisis, provocada por las autoridades cubanas, que guardan silencio sobre el caso.
En abril, Concepción y otros directivos de su empresa fueron detenidos y el Banco Central de Cuba señaló que el gobierno «no promueve ni aprueba el funcionamiento de este tipo de empresas» y que «ninguna de ellas cuenta con licencia para operar dentro del territorio nacional».
Medios de comunicación independientes y usuarios de redes sociales informaron de arrestos y confiscaciones de propiedades de otros afiliados de Trust Investing en Las Tunas, donde está ubicada la sede de la empresa en Cuba.
Para afrontar «cuestionamientos», Trust Investing Cuba creó un equipo multidisciplinario que monitorea medios de comunicación y redes sociales; recomienda a sus afiliados mantener una conducta «ética» ante «provocaciones», no publicar comentarios ofensivos, subjetivos ni malintencionados contra «ninguna autoridad, medios nacionales y extranjeros, influencers o cualquier otra persona» que se pronuncien sobre el caso, según un comunicado al que ha tenido acceso Americanista.
Trust Investing Cuba pidió a sus afiliados abstenerse de realizar cualquier declaración, aunque sea de índole personal, sin previamente coordinar e informarse sobre las acciones que está definiendo la directiva y acusó a personas y medios de comunicación extranjeros de pretender crear «un estado de opinión desfavorable y desvirtuar» sus objetivos empresariales.
«La batalla fundamental está dada en defender y dar a conocer los mejores valores y principios que caracterizan a la comunidad de Trust Investing Cuba y en crear una cultura y un entendimiento, en nuestra población y nuestras autoridades, sobre la importancia y beneficio que representan el uso de las criptomonedas, tanto desde el punto de vista personal, social como para el desarrollo económico de nuestro país», subrayó la declaración.
Ruslán Concepción
Ruslan Concepción, director de Trust Investing Cuba, se mantiene en buen estado de salud, comunicado con su familia y «se están respetando las normas del debido proceso», asegura la nota, que pide a los afiliados mantenerse al margen, «por lo delicado del asunto y por respeto a una decisión familiar», aunque informará pertinente y oficialmente sobre su situación procesal.
Concepción fue detenido el 22 de abril, en el aeropuerto de La Habana, antes de abordar un avión con destino a Moscú, donde pasaría unos días de vacaciones con su familia, según fuentes familiares, porque el gobierno cubano no informó sobre su apresamiento ni ofrece detalles de su enjuiciamiento ni donde está detenido.
El principal directivo de Trust Investing Cuba tiene 28 años, es Ingeniero Industrial y aseguró ganar más de mil dólares diarios con sus inversiones en la gestora de criptomeneda, que asegura tener delegaciones en Estados Unidos, México, Brasil, España, Italia y Gran Bretaña.
El Banco Central de Cuba afirmó, en su comunicado, que las operaciones realizadas por estas entidades poseen «escasa o nula transparencia y se esconden detrás de una fraseología aparentemente técnica, pero vacía de contenido».
«Todo ello, sin que exista un valor o bien económico real que lo respalde», y añadió que existen numerosas experiencias internacionales de «este tipo de estafas que culminan con el colapso del esquema y la pérdida de patrimonio de los inversionistas, que pasan a convertirse en víctimas».
La autoridad monetaria monetaria cubana reconoció que, en los últimos meses, se produjo en Cuba un incremento considerable en las operaciones de agentes privados que supuestamente ofrecen servicios de intermediación de valores y divisas extranjeras, asesoría de inversión o administración de inversiones.
Días después de la detención de Concepción, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció que su gobierno está analizando la conveniencia del uso de criptomonedas para operaciones económicas en el país, sumido en una fuerte crisis y con dificultades para acceder a los mercados financieros internacionales por su elevada deuda.
Recientemente, los gobiernos de Panamá y España, y la ONG chilena Bitcoin emitieron sendas advertencias sobre la actividad de Trust Investing.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó más de 900 acciones represivas en el mes de mayo, como parte de una represión más amplia contra la sociedad civil para «silenciar a toda la disidencia».
En mayo, el gobierno cubano practicó más 180 detenciones arbitrarias, incluyendo ocho con uso grave de violencia, promovió 327 casos de hostigamiento directo y el sitio de 279 viviendas de opositores, precisa un comunicado del OCDH, difundido este jueves en Madrid.
El director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, aseguró que Cuba vive una represión más amplia y personalizada contra miembros de la sociedad civil y denunció la evidencia que el «Gobierno cubano quiere silenciar a toda la disidencia para ser el único interlocutor con Estados Unidos y la Unión Europea», circunstancia que Washigton ni Bruselas debe aceptar, subrayó.
Amenazas, multas, agresiones físicas, citaciones y actos de repudio, también formaron parte del catálogo represivo de la Seguridad del Estado, constató el Observatorio, el mes pasado.
Maykel Castillo Pérez, más conocido como Maykel Osorbo, está en prisión provisional debido a sus manifestaciones públicas pacíficas contrarias al Gobierno, mientras que otros participantes de una protesta pacífica detenidos el pasado 30 de abril en La Habana siguen encarcelados.
Asimismo, ha continuado el acoso y las detenciones contra miembros del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y de otros grupos de la oposición democrática, lamentó el OCDH, que también denunció el «secuestro hospitalario», durante un mes, del artista Luis Manuel Alcántara.
Las recientes disculpas oficiales y públicas del presidente angoleño, João Lourenço, por una matanza gubernamental de 1977, abrió la vía para investigar la implicación cubana en la represión interna, a favor del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA).
Lourenço pidió disculpas a las familiares de las entre 30 mil y 90 mil víctimas de una matanza desatada en Angola, tras un intento de golpe de estado de una facción del MPLA, encabezada por Nito Alves y José Van Dunem, el 27 de mayo de 1977, abortado con la participación de altos oficiales y militares cubanos.
Pero silencio oficial del gobierno de Miguel Díaz-Canel sobre un tema espinoso para ambos países, no impide confirmar la participación de la entonces Misión Militar de Cuba en Angola (MMCA), en la neutralización del golpe que, además de pugna local, produjo una de las tantas discrepancias entre Moscú y La Habana, en ese país africano.
Americanista no ha podido confirmar la participación de militares cubanos en las matanzas ulteriores al golpe de estado, desatadas por el entonces gobernante Agosthino Neto, pero los testimonios de Raúl Castro, Abelardo Colomé Ibarra y Rafael Moracén confirman la intervención de Cuba en un asunto interno de Angola, como también ocurrió en operaciones contra el FNLA, de Holden Roberto, y la UNITA, de Jonás Savimbi y la «lucha contra bandidos», que La Habana cifró como Operación Olivo.
El propio Neto confirmó la intervención cubana en sus luchas contra adversarios internos, durante una reunión con Fidel Castro, en Luanda, el 23 de marzo de 1977, en la que ambos coinciden en calificar de buenas las relaciones bilaterales y a solo dos meses del intento de golpe de estado.
Versión del Consejo de Estado de Cuba sobre diálogo entre Neto y Castro en Angola.
Pero por debajo de la cordialidad oficial, en La Habana latía una preocupación notable por la suerte de Agosthino Neto, como reveló el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl Castro, en un Memorándum al Comandante en Jefe, dando cuenta del malestar angoleño con los soviéticos por haber apoyado y dialogado con los dirigentes del golpe de estado.
«Raúl Castro deja clara su certeza sobre la participación de Moscú en el golpe de estado contra Neto, cuando afirma: «Conociendo a los soviéticos, y sobre todo a los militares, se puede afirmar que estas conductas y manifestaciones individuales, aun siendo absolutamente espontáneas, se explican, en última instancia, por el conocimiento de una determinada valoración política de sus jefes superiores».
Aunque no lo explicita, obviamente el entonces segundo hombre de Cuba reivivía con el golpe de Angola, su experiencia del episodio de la microfracción, cuando un grupo de militantes del Partido Socialista Popular, agrupados en torno a Aníbal Escalante y Joaquín Ordoqui, promovieron una corriente crítica contra Fidel Castro y compartieron confidencias con la Embajada soviética en La Habana, siempre según la versión oficial.
Fotocopia del informe de Raúl a Fidel Castro
Tal es la sensibilidad que detecta Raúl Castro en la facción netista del MPLA, que decide no abordar con ellos el resquemor hacia los soviéticos, aunque alude a un informe del entonces Delegado del Ministerio del Interior en Angola y jefe de la Dirección General de Inteligencia de Cuba, José Joaquín Méndez Cominches, que permanece clasificado aún como Secreto.
Fotocopia del informe de Raúl a Fidel Castro
Los peores parados entre los soviéticos, son los coroneles Grishin y Teodoroff, cuyo comportamiento «escandaloso» motivó una crítica de Neto ante angoleños y cubanos, dice Raúl Castro en su nota secreta de entonces, que recrimina el comportamiento del Comisario de Luanda, Pedro Fortunato, acusando a los cubanos de hacer fracasar el golpe y revelando que los embajadores de la URSS, Bulgaria y Viet Nam habían recibido a los jefes golpistas, en los días previos a la intentona.
Fotocopia del informe de Raúl a Fidel Castro.
El coronel Grishin escondió en su casa y trasladó en su automóvil a uno de los «sediciosos», informa Raúl Castro, que citando a una fuente soviética en Luanda, que antes había estado en Cuba como corresponsal, afirma que su embajada «tiene desorientado al Centro en Moscú».
El informe revela los temores de los Castros a tener otro encontronazo con los soviéticos en un tercer país, tras la bronca y represalia temporal de Moscú por los excesos subversivos en América Latina, que se saldó con el asesinato de Ernesto Guevara, el surgimiento de Sendero Luminoso y la partición entres de la entonces Dirección de Inteligencia de Cuba, que alumbró el departamento Liberación Nacional, sacando a Manuel Piñeiro de la DGI; y la Dirección de Operaciones Especiales (DOE), comandada por José Luis Padrón.
La ventaja que sacó Fidel Castro de la reprimenda soviética, incluida la paralización de las entregas de petróleo, es que la Contrainteligencia norteamericana y la CIA, cuando contrarrestaban los esfuerzos cubanos, no sabía si lidiaban contra la DGI, Liberación o DOE.
Colomé, Moracén y UNECA
Cuando ocurre el intento de golpe de estado, Colomé Ibarra transmitió a Neto la disposición de las tropas cubanas de entrar en acción para contrarrestarlo, y el presidente dio luz verde; aunque en ese momento la jefatura de la MMCA carecía de batallones de tanques, debido a la primera retirada gradual de Angola y al reforzamiento del enclave de Cabinda, una obsesión de Fidel Castro.
«Solo había unos pocos (tanques) para entrenar angolanos, (…) buscamos a un compañero que sabía manejarlos, aunque no supiera tirar con el cañón. En esas condiciones enviamos al General de División (r) Jesús Bermúdez Cutiño al frente de un poco más de una compañía, hacia la Novena brigada, que era la sublevada, y la tomamos sin problemas».A su vez, el General de Brigada (r) Rafael Moracén se encargaba de controlar la estación de radio que se había unido al golpe», contó Colomé a Luis Báez en Secretos de Generales.
General de Brigada (r) Rafael Moracén Limonta
Moracén, que fue jefe del Batallón Presidencial de Angola durante los mandatos de Agosthino Neto y José Eduardo Dos Santos, hizo la lectura más política del golpe de estado, sin dejar de aplicar la visión de sus jefes en La Habana, pero muy aguda.
«Esa intentona contrarrevolucionaria hizo mucho daño al proceso de desarrollo de la sociedad nacional angolana. Fueron asesinados valiosos cuadros del MPLA y de las FAPLA», afirmó en el libro Secretos de Generales, donde narró detalles de su participación en la neutralización de la revuelta, ante la que fue advertido previamente por Raúl Castro, para que estuviera a la viva «porque en cualquier momento se podía producir un intento de golpe de Estado».
«En el mes de mayo, las contradicciones de Nito Alves con el gobierno y el MPLA eran más evidentes, y la conspiración más intensa (…) Se hablaba mucho de la posibilidad de golpe de Estado, pero Neto nunca creyó que fueran a llegar tan lejos. (…) Se le planteó a Neto que no estuviera en palacio; sin embargo, dijo que para irse hacia otro lugar había que asegurarle que el palacio no sería tomado. Saqué de mi unidad dos compañías y reforcé la guardia presidencial», relató Moracén.
El 27 de mayo, fuerzas leales a los golpistas Alves y Van Dunem tomaron la cárcel y soltaron a todos los presos, entre ellos a los mercenarios; se apoderaron de la Radio Nacional y empezaron a manifestarse en grupos por las calles, los principales jefes militares fueron a la Octava Brigada de Luanda a buscar refuerzos, pero según iban entrando, eran apresados, describió el militar cubano con más misiones en diferentes países de África.
De izquierda a derecha: Neto, Dos Santos y Nito Alves
Al trasladarse hacia el Palacio Presidencial, Moracén coincidió con una manifestación que avanzaba con los militares golpistas, ordenó que no podían tomar la presidencia y fue en busca de su batallón, ordenándole avanzar en alarma de combate, desde la cercana localidad de Vidrul, hasta la sede presidencial, dejando en el barrio de Zambizanga, a una compañía de tanques, como reserva.
Asegurado el Palacio Presidencial, Neto ordenó a Moracén retomar el control de la Radio Nacional de Angola, adonde acudió con parte de su tropa en vehículos militares BTR y camiones, pero se produjo una confusión entre golpistas y defensores del presidente, que provocó un fuerte intercambio de disparos entre ambos bandos,
Moracén tomó la radio con quince angolanos y cubanos, que junto a casi 200 efectivos que estaban en los alrededores, evitaron que los golpistas recuperaran la emisora, donde fueron desarmados los partidarios de Alves y Van Dunem, y el oficial cubano recibió el apoyo de su compañía de tanques.
La radio no dejó de trasmitir. Moracén obligó al locutor a decir: Viva Neto y, arrebatándole el micrófono, improvisó un discurso en portugués, salpicado de malas palabras cubanas y luego avanzó hacia la sublevada Octava brigada y la cárcel, donde ayudó a restablecer el orden, según su testimonio.
En la neutralización del golpe de estado, la delegación de la empresa cubana Unión de Empresas Constructoras Caribe (UNECA), al mando de Levy Farah, un histórico del Directorio Revolucionario 13 de marzo, también desempeñó un papel crucial, pero apenas hay testimonios de su participación y la caída en desgracia posterior de su jefe, acrecentó el olvido, enfermando para morir, siendo director de la Terminal Interprovincial de Omnibus de La Habana.
En la tristemente célebre Causa 1 de 1989 abundaron los testimonios sobre la participación de UNECA en negocios con el ejército y el Ministerio del Interior cubanos en Angola, pero de su cooperación con medios técnicos y humanos en la neutralización del golpe de estado de 1977 apenas trascendieron.
Actualmente, UNECA no tiene obras en Angola, pero si en Sudáfrica, Namibia, en las Guineas Conakry y Ecuatorial, en Antigua y Barbuda y Venezuela, además de Cuba, según su web.
Obra de la UNECA en África
Pero otro documento desclasificado da cuenta de las preocupaciones de Farah porque los angoleños vayan a interpretar la potencia política y militar de Cuba como símbolo de una economía próspera y pujante, que es muy dependiente de la Unión Soviética y carece de dólares norteamericanos, a causa del embargo.
El razonamiento del entonces jefe de la UNECA obedece a la necesidad de establecer una cifra para cuantificar la colaboración civil con Angola, que propone tome como referencia la entonces Escala CAME (agrupación econñomica del bloque soviético) y alude a la preocupación e incomprensión de Fidel Castro a ciertas demandas de Luanda, como reflejan las dos primeras páginas del documento.
Fotocopia página 1 del informe de Levy FarahFotocopia página 2 de informe de Levi Farah
Obviamente, con la propuesta de Farah queda desmentido el carácter desinteresado de la supuesta solidaridad con Angola, a quien se rechazó una donación de café, cuando supo que escaseaba en Cuba.
Hace 44 años, el MPLA cerró la crisis asesinando a miles de angoleños, incluidos muchos de sus cuadros y militantes, el Partido Comunista de la Unión Soviética preparando a José Eduardo Dos Santos, como delfín, sin dejar de atender médicamente a Agostinho Neto, que murió en Moscú, dos años después; y el Partido Comunista de Cuba reforzó la colonización de Angola, que se extendió incluso hasta 1991.
Pero las diferencias cubano-soviéticas nunca dejaron de animar la geopolítica, como recordó Ulises Rosales del Toro, hace unos años, asegurando que ambas partes evidenciaron sus contradicciones en el frente de guerra africano. ¡Palabra de jefe de Estado Mayor!
El gobierno de Joe Biden mantuvo a Cuba en la lista de estados que «no colaboran plenamente» con los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo, debido a la negativa de La Habana a extraditar a diez jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras el atentado en Bogotá que dejó 22 muertos y más de sesenta heridos, hace dos años.
En enero de 2019, el ELN se atribuyó la autoría de un atentado contra la Escuela de Cadetes de la policía colombiana, en Bogotá, donde murieron 22 personas y más de 60 resultaron heridas; masacre que provocó la reacción colombiana de pedirle a La Habana la extradición de Nicolás Rodríguez BautistaGabino y otros nueve jefes del ELN residentes en Cuba.
“Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó el pedido de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que la organización se atribuyera responsabilidad por el atentado”, expresó el comunicado del Departamento de Estado.
Mientras Estados Unidos “mantiene una firme alianza de seguridad con Colombia y comparte con ese país el importante objetivo antiterrorista de combatir a organizaciones como el ELN, la negativa de Cuba (…) demuestra que no está cooperando con el trabajo estadounidense en apoyo a los esfuerzos de Colombia orientados a lograr una paz justa y duradera, seguridad y oportunidades para su población”, subrayó la nota oficial.
A principios de mes, Colombia expulsó al Primer Secretario de la Embajada de Cuba, Omar Rafael García Lazo, tras verificar que «estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».
En febrero, el gobierno cubano alertó a Colombia que el Ejército de Liberación Nacional planeaba realizar un ataque terrorista en Bogotá, reveló el ministro de Defensa, Diego Molano, tras recibir una carta del embajador cubano en Bogotá, José Luis Ponce, a quien agradeció el aviso, pero pidió pruebas que nunca llegaron, según fuentes del Palacio de Nariño, sede de la presidencia.
El Departamento de Estado recordó que Cuba ha “acogido a varios fugitivos” de la justicia de los EE.UU. que son buscados por cargos de violencia política, y muchos de ellos han residido en Cuba durante décadas”.
El “régimen cubano se ha negado a extraditar a Joanne Chesimard, que fue condenada” por ejecutar al policía del estado de Nueva Jersey Werner Foerster, en 1973, recordó el gobierno norteamericano.
La Habana reaccionó con un twitter del canciller Bruno Rodríguez, que calificó la decisión de «calumnia irritante» y lamentó que Biden aplique la política de Trump y sus 243 medidas del embargo.
La decisión norteamericana prohíbe la comercialización o el otorgamiento de licencias de exportación de artículos y servicios militares, al tiempo que comunica a la opinión pública estadounidense y mundial qué estados son reacios a colaborar eficazmente con Washington en la lucha contra el terrorismo.
La ratificación de Cuba se suma a las ratificaciones de ese estatus de Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, según una comunicación del Departamento de Estado al Congreso, basada en la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
Científicos cubanos pronosticaron un pico de contagios a inicios de junio, y describieron la situación epidemiológica de Cuba como «muy desfavorable», durante una reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, que evaluó la posible adopción de programas de vacunación exitosos en Estados Unidos y otros países.
El decano de la facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart Díaz, pronosticó un crecimiento de casos, «que podría tener un pico a inicios de junio” y consideró «muy desfavorables» los riesgos epidemiológicos de Cuba a corto plazo.
La Habana es la provincia de mayor transmisión, con gran número de casos en sus municipios, que seguirán subiendo, en los próximos días, pronosticó Guinovart, sobre todo en Diez de Octubre, San Miguel del Padrón, Boyeros y Arroyo Naranjo, precisó.
Santiago de Cuba, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila también tienen pronósticos desfavorables debido al incremento de casos de coronavirus, detalló el decano de la facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana.
Los fallecidos por coronavirus han aumentado notablemente en los dos últimos meses y seguirá creciendo, dijo Guinovart, que elogió los protocolos médicos aplicados en Cuba frente a la Covid-19.
El vaticinio de Guinovart está basado en un modelo de cálculo matemático creado en su facultad para medir el coronavirus en Cuba, del que no ofreció detalles en la reunión oficial.
Por su parte, el experto Pedro Mas Bermejo, del Instituto de Medicina Tropical «Pedro Kourí» (IPK), que ha estudiado la vacunación en países de América, Europa y Medio Oriente, destacó que esas naciones priorizaron a grupos de edad vulnerables y el personal de riesgo, con un crecimiento de la enfermedad al inicio de la inmunización y picos de fallecidos, después de comenzada.
Mas es profesor Profesor Adjunto del Departamento de Medicina Tropical de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, Estados Unidos, que le concedió ese estatus honorífico por sus aportes a estudios de epidemias en el ámbito del Trópico.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que 746 mil cubanos ya han sido vacunados, al menos con las primeras dosis de Abdala y Soberana 02, incluidos los participantes en ensayos clínicos y en estudios previos.
La reunión evaluó también los resultados preliminares de un estudio sobre el uso del Nasalferón en contactos de casos confirmados en La Habana, y una actualización del estudio sobre la circulación de nuevas cepas del SARS-CoV-2 en Cuba.
Este martes, el gobierno cubano suspendió todos los eventos deportivos hasta agosto y estableció entrenamientos a puerta cerrada para atletas olímpicos.
Al cierre de este martes, Cuba reportó ocho nuevos fallecidos y mil 244 contagiados más; la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia de coronavirus, según datos oficiales.
Cuba reportó 27 mil 825 hospitalizados, de ellos mil 922 son casos activos confirmados, una cifra muy elevada, según advirtió Francisco Durán García, jefe de Epidemiología del MINSAP, en su habitual conferencia de prensa.
«Los enfermos se acercan a 7 mil y eso nunca lo hemos tenido», aseguró Durán; de los ocho fallecidos, siete son de La Habana y uno de Mayabeque.
Cuba notificó este martes 12 muertes y 1.244 nuevos casos de covid-19, la tercera cifra más alta de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).
Cuba lleva ocho jornadas consecutivas sobrepasando el millar de casos diarios, para un total de 126.755 infectados y 826 muertes, detalló el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Minsap, en su habitual rueda de prensa para informar sobre la enfermedad, que mantiene hospitalizados a 27 mil 227 cuubanos; de ellos 130 en estado crítico y/o grave.
De los nuevos doce fallecidos, seis eran de La Habana, dos de Santiago de Cuba, y uno percápita de Artemisa, Matanzas, Sancti Spíritus y Camagüey.
El nuevo Código Penal cubano eliminará la figura de Peligrosidad social predilectiva, que será sustituida por Lesividad social, como parte de cambios legislativos promovidos por el gobierno para reprimir a opositores y descontentos con la crisis socioeconómica; e intentar lavarse la cara ante organismos defensores de derechos humanos y Estados Unidos.
Las leyes cubanas entran en vigor a los seis meses de su publicación en la Gaceta Oficial, pero el adelanto de sendos borradores legislativos ha sido interpretado por opositores y defensores de derechos humanos como un aviso del gobierno para intentar contener la ola de descontento por la crisis socioeconómica, seguir castigando a la oposición e intentar que disminuyan las críticas de la comunidad internacional.
La futura Ley de Procedimiento y Código penales sustituirán el concepto de Peligrosidad social, como principio criminológico rector, con la nueva figura de Lesividad social, entendido como la capacidad que tiene el delito de lesionar o poner en riesgo el bien jurídico que se tutela, según el borrador adelantado por medios oficiales cubanos.
El gobierno cubano asegura que esta modificación eliminará la «vertiente positivista y el índice de peligrosidad predelictivo», restringiendo el ámbito de aplicación del derecho penal a acciones realmente dañinas, sin hacer alusión a los continuos reclamos internacionales y de opositores cubanos, incluidos juristas, contra al atropello jurídico aún vigente.
La aplicación de la doctrina predelictiva, una copia de la legislaciones totalitarias de Mussolini y Stalin, basadas en provocar críticas internas y externas al gobierno, debido al carácter totalitario de la norma, como reconoce ahora -implícitamente- con su anunciada derogación, ampliamente reclamada por cubanos, Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Un cubano, identificado como José Manuel, vecino de la oriental ciudad de Baracoa, estuvo encarcelado 18 de sus 45 años por el delito de peligrosidad social predelictiva, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en 2020.
El preámbulo del proyecto de ley de Procedimiento Penal, avisa que sus objetivos son consolidar la seguridad jurídica, la protección de los derechos ciudadanos, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior; y tuvieron en cuenta recomendaciones de 2011 y 2017, de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la «necesidad» de un estudio integral del sistema de justicia penal, vinculado a los «Lineamientos de la Política económica y social del partido y la revolución».
El gobierno cubano asegura que reforzará la presunción de inocencia, estableciendo que -en caso de duda sobre los hechos a juzgar- se adoptará la postura más favorable al acusado, estableciendo que la fiscalía debe aplicar el viejo principio de Carga de la prueba, es decir, probar su acusación, al margen de las declaraciones del juzgado y sus familiares, incluidos las parejas de hecho.
«Lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba», reza el antiguo precepto del Derecho, indicando que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad, es decir,quien afirma poseer una diferente verdad sobre los hechos, como establece el articulado de la futura Ley de Procedimiento Penal.
Artículo 6. Le corresponde a la parte acusadora aportar los medios de prueba necesarios para la comprobación de los hechos con independencia del testimonio del imputado o acusado, de su cónyuge, pareja de hecho y de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
La futura ley de Procedimiento penal prohibirá que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho, y establecerá la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y demás formas de comunicación, «que no se realicen de conformidad con lo previsto en la ley» y declarará ilegales «aquellas informaciones obtenidas con infracciones» de normas jurídicas.
Los imputados dispondrán de un abogado defensor, dentro del plazo de 24 horas, en caso de estar detenido, y durante los cinco días siguientes a la denuncia, cuando esté en libertad, siempre según el borrador.
La norma establecerá la posibilidad de sustituir las condenas a prisión por una multa administrativa en delitos de imprudencia e intencionales, siempre que estos últimos sean penados con un máximo de cinco años de privación de libertad, y se cumplan los requisitos de escasa lesividad social, el acusado sea menor de 18 años, no sea reincidente, haya sufrido una pena física o psicológica y la acción delictiva no sea grave, ni evidencie desprecio por la vida y los derechos ajenos.
La sustitución de cárcel por multas también podrá aplicarse en los delitos patrimoniales que no hayan sido cometidos con violencia o intimidación, cuando el acusado se convierta en «un colaborador eficaz», pero siempre que se decomisen los bienes involucrados en la infracción y la satisfacción de la responsabilidad civil, cuando proceda.
El Código Penal vigente ya establece el cambio de cárcel por multas para condenas de hasta tres años de privación de libertad, atendiendo a los daños y características del involucrado; adecuándose el monto de la multa, según el rango sancionador del delito.
El futuro texto legal prohíbe la tortura, desaparición forzada, el trato y penas crueles, inhumanas, discriminatorias o degradantes; establece que las viviendas son «inviolables», salvo por «resolución expresa de una autoridad competente».
Artículo 9. El domicilio es inviolable; no se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por resolución expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en esta ley.
En caso de que el propietario o inquilino niegue la entrada a las autoridades, estas podrán acceder a las viviendas, entre las cinco de la mañana y las diez de la noche; pero en todos los casos se requiere una resolución fundada del instructor penal, con aprobación del fiscal, de la que se entregará una copia a la persona que la habita, al proceder a la entrada en su casa propia o alquilada; en los casos urgentes y graves, las fuerzas de seguridad y policía podrán hacer registros fuera del horario establecido, previa autorización del fiscal.
La futura legislación obligará a los cubanos a denunciar todos los hechos que presencie o conozca, independientemente de su capacidad para evaluar si se trata de posibles delitos, aunque prevé excepciones para familiares, incluidos parejas de hecho, abogados defensores y otros, que no define el borrador.
Artículo 150.1. El que presencie o conozca la realización de un hecho que revista caracteres de delito o en cualquier otra forma tenga la certeza de que se ha cometido o se intente cometer, está obligado por cualquier medio a ponerlo en conocimiento de la Policía, instructor penal, fiscal, tribunal o, en su defecto, de las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, o de las entidades de las instituciones armadas más próxima del lugar en que se halle, o del capitán de la nave o comandante de aeronave cubanas, de ser el caso; quienes están en la obligación de recibir la denuncia.
Artículo 152. No están obligados a denunciar: a) Los ascendientes, descendientes del imputado, acusado, tercero civilmente responsable, su cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; b) el abogado respecto a los hechos investigados que el imputado o acusado o tercero civilmente responsable le haya confiado en el desempeño de sus funciones; c) las demás personas que conforme a las disposiciones de esta ley están dispensadas de la obligación de declarar.
En los casos de entrada y registros a iglesias y otros lugares de culto, bastará con comunicarlo al sacerdote o responsable del lugar, según el avance de la futura Ley de Procedimiento penal cubana.
En la elaboración de la futura ley partciparon el Tribunal Supremo Popular, las fiscalías General de la República y Militar, los ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas e Interior, con representantes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección General de Investigaciones Criminales y Operaciones.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, la Universidad de La Habana, y la Unión Nacional de Juristas de Cuba también intervinieron en la propuesta de modificaciones legislativas; a la que fueron invitados representantes de la Controlaría General de la República, los ministerios de Comunicaciones y Finanzas y Precios, el Laboratorio Central de Criminalística, entre otros,para «ganar claridad mutua sobre determinados temas a incluir en el anteproyecto» siempre según la nota oficial.
La represión castrista incluirá diversas variantes de espionaje, incluidos agentes y chivatos, según el borrador de la futura Ley de Procedimiento penal, que facultará a fiscales a autorizar la vigilancia encubierta, dentro y fuera de Cuba, adelantaron esta semana medios oficiales.
Los cubanos estarán obligados a entregar pruebas no autoincriminatorias, a petición de la Seguridad del Estado y la policía, que actuarán amparados por el secreto oficial hasta que se complete el expediente de instrucción criminal, según la futura norma.
En países democráticos, la facultad de autorizar grabaciones secretas y otras técnicas de espionaje recae en jueces y magistrados, y no en los fiscales, que actúan jurídicamente como representantes del estado.
La leu autorizará el espionaje postal y audiovisual a cubanos, incluso sin la autorización previa del fiscal, en casos excepcionales, y el oficial que haya ordenado la intrusión en la vida privada del ciudadano, tiene un plazo de 24 horas para comunicar al fiscal su decisión, contadas a partir del inicio de la operación policial contra cubanos.
Artículo 329.1. El instructor penal es el encargado de solicitar al fiscal la aprobación para el empleo de dichas técnicas, mediante escrito en el que fundamente la necesidad y el alcancede su aplicación a partir de las particularidades del hecho investigado, sus intervinientes y lesividad; así como las razones que justifican su utilización.
Artículo 330. Excepcionalmente, cuando por las circunstancias del caso no resulte posible obtener la autorización con anterioridad a la aplicación de estas técnicas, el instructor penal o el fiscal, según corresponda, en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de su aplicación, solicita autorización para continuar, mediante escrito en el que fundamenta la pertinencia, el alcance y las razones que imposibilitaron su autorización previa.
Los cubanos estarán obligados a entregar supuestas pruebas delitivas, incluidos documentos, cartas privadas y grabaciones de las cámaras de su propiedad que tengan instaladas en sus casas, y los responsables de correos y mensajerías también estarán obligados a facilitar la documentación que requieran las autoridades sobre personas investigadas.
Artículo 318.1. Toda persona requerida al efecto está obligada a exhibir los objetos y documentos que tenga en su poder y que puedan tener relación con la comprobación de un hecho delictivo.
Artículo 318.2: Si se niega a exhibirlos, se le advierte de la responsabilidad en que puede incurrir según la ley penal; y si a pesar de ello mantiene su negativa, se procede a la búsqueda, examen y ocupación de los objetos y documentos requeridos, sin perjuicio de deducir testimonio por la responsabilidad penal en que haya incurrido, excepto cuando se trate de un imputado, acusado, tercero civilmente responsable o persona exenta por la Ley de la obligación de denunciar y declarar en su contra.
Técnicas especiales, agentes encubiertos y chivatos
La legislación futura definirá como técnicas especiales de investigación, la encubierta, colaboradores eficaces, vigilancia electrónica y las entregas vigiladas, que serán tramitadas en piezas separadas y reservadas hasta su inclusión total o parcial en los correspondientes expedientes de investigación, incluyendo operaciones en el extranjero.
Artículo 328.2: Estas técnicas se aplican siempre que resulten idóneas o necesarias para la investigación de hechos delictivos concretos que por su gravedad, connotación u organización lo requieran, incluyendo operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país, conforme a lo dispuesto en el título de cooperación penal internacional.
Artículo 328.3: Las técnicas especiales se tramitan en pieza separada y secreta hasta que se incorporen al expediente.
Solo el Fiscal General de la República o uno de sus vicefiscales, a quien delegue la atribución, podrán autorizar operaciones de espionaje en el extranjero, previa petición del instructor de la causa, establece el futuro ordenamiento jurídico.
La futura ley legaliza el uso de agentes encubiertos para penetrar y mantener el control de actividades delictivas, que pueden ir acompañadas del empleo de recursos técnicos; aunque establece que ningún cubano puede ser obligado a actuar como espía y quien se niegue a serlo, no afrontará represalias, siempre según la letra del borrador.
Un agente encubierto estará exento de responsabilidad penal, salvo cuando instigue a espiados a cometer delitos, realice actos no encomendados por los oficiales de la seguridad y la policía cubanas o actúe de manera desproporcionada en relación con las finalidades de la investigación y -solo excepcionalmente- podrá proponerse como testigo judicial.
Artículo 334. Nadie puede ser obligado a actuar como agente encubierto y su negativa no implica la exigencia de responsabilidad alguna.
Para los legisladores, un colaborador eficaz será el imputado que brinde información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, quien ayude a esclarecer los hechos investigados y sus conexiones o proporcione datos útiles para probar la participación de otros imputados; circunstancias que atenuarán o evitarán su condena, según el caso, de acuerdo al artículo 337.1 de la futura Ley de Procedimiento Penal.
La vigilancia electrónica abarca la intercepción y grabación de conversaciones, el seguimiento de personas, la toma de fotografías y vídeos y la intervención de medios informáticos y sus soportes, programas, sistemas operativos y otras tecnologías vinculadas a las telecomunicaciones.
Las conversaciones entre investigados y sus abogados defensores no podrán ser espiadas, siempre según el borrador publicado esta semana en medios oficiales.
Las entregas vigiladas son el seguimiento de mercancías, bultos postales u otras «remesas ilícitas o sospechosas» que viajen por territorio cubano o extranjero, bajo el control de autoridades competentes, para investigar delitos y a sus comisores, según el artículo 340.1.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Liván Arronte Cruz, atribuyó este viernes los apagones de los últimos días a sendas averías en termoeléctricas de Matanzas y Santa Cruz del Norte, y a la escasez de combustible en algunas regiones, durante una intervención especial en el programa Mesa Redonda, de la televisión oficial.
Arronte pronosticó que las averías deben quedar resueltas el domingo, pero su viceministra Tatiana Amarán Bogachova anunció un plan de redistribución de electricidad que implicará paralizar y disminuir actividades del sector estatal para alumbrar el residencial.
«En los últimos días, hemos venido trabajando con bajos niveles de inventario de combustible en algunas regiones, incluso hemos tenido situaciones puntuales», expresó Arronte sin precisar mayores detalles.
El estado disminuirá su consumo de combustible en beneficio del residencial, subrayó Amarán que, antes de acudir a la Mesa Redonda activó los «consejos energéticos nacional, provinciales y municipales, en régimen especial» para minimizar el gasto energético, pero sin entrar en mayores detalles y sin vincular el cese de apagones en barrios y municipios, previstos para el domingo, con la desactivación de ese mecanismo.
La unidad 1 de la termoeléctrica «Antonio Guiteras«, de Matanzas, quedó inutilizada esta madrugada por una rotura en su caldera, en la que se trabaja, sustituyendo una de sus válvulas por una de uso, que estaba en una instalación de la principal planta generadora de energía en el occidente de Cuba.
Otras dos unidades de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, estaban fuera de servicio antes de la rotura en la Guiteras, precisó el ministro, que calculó un déficit de 600 megawatts, entre ambas termoeléctrica sin generación; obligando a inyectar energía desde oriente a occidente de Cuba.
Un buque tanque, encargado de llevar combustible desde la refinería de Cienfuegos a Mariel se ha retrasado en su itinerario regular por «problemas operacionales», en la terminal de embarque y no llegará a esa localidad costera del norte de Artemisa, hasta la tarde del sábado, cuando surtirá a equipos dedicados a la «generación flotante».
Para este sábado, las autoridades previeron apagones de cuatro horas en cada provincia, divididos en seis bloques, para que las molestias sean rotativas, precisó el ministro de Energía, que reiteró el discurso habitual de su gobierno culpando al embargo de Estados Unidos de los problemas de Cuba.
«Ninguna de las medidas de (la administración) Trump han sido levantadas», dijo Arronte.
Miembros del Movimiento San Isidro en Cuba exigieron este sábado la liberación de su líder, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido mientras compraba libros para obsequiar a niños habaneros y conducido a la estación de policía de Cuba y Chacón.
El rapero Maykel Osorbo, África y Amaury Pacheco acudieron a la estación policíaca donde está retenido Otero Alcántara, y advirtieron que el interés por su líder, no impedirá que sigan abogando por los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que están hace 15 días en huelga de hambre.
«No nos vamos a mover de aquí», dijo Maykel Osorbo, en Facebook; mientras que la artista Carolina Barrero, que también acudió a la estación de policía, afirmó que Otero Alcántara y la activista Yamilka Latifah, arrestada también este sábado, no aparecen en ninguna base de datos de la policía.
«Están en paradero desconocido y es un mal hábito de la Seguridad del Estado, lo hacen constantemente», advirtió. Barrero.
El MSI pretende realizar un cumpleaños a los niños del empobrecido barrio San Isidro, pero la iniciativa ha sido saboteada por el gobierno cubano, en medio de protestas de padres, especialmente los más pobres, que se ven privados de comprar golosinas para sus hijos porque el gobierno ha establecido su venta en dólares.
