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  • Más de 900 acciones represivas en Cuba

    Más de 900 acciones represivas en Cuba

    El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó más de 900 acciones represivas en el mes de mayo, como parte de una represión más amplia contra la sociedad civil para «silenciar a toda la disidencia».

    En mayo, el gobierno cubano practicó más 180 detenciones arbitrarias, incluyendo ocho con uso grave de violencia, promovió 327 casos de hostigamiento directo y el sitio de 279 viviendas de opositores, precisa un comunicado del OCDH, difundido este jueves en Madrid.

    El director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, aseguró que Cuba vive una represión más amplia y personalizada contra miembros de la sociedad civil y denunció la evidencia que el «Gobierno cubano quiere silenciar a toda la disidencia para ser el único interlocutor con Estados Unidos y la Unión Europea», circunstancia que Washigton ni Bruselas debe aceptar, subrayó.

    Amenazas, multas, agresiones físicas, citaciones y actos de repudio, también formaron parte del catálogo represivo de la Seguridad del Estado, constató el Observatorio, el mes pasado.

    Maykel Castillo Pérez, más conocido como Maykel Osorbo, está en prisión provisional debido a sus manifestaciones públicas pacíficas contrarias al Gobierno, mientras que otros participantes de una protesta pacífica detenidos el pasado 30 de abril en La Habana siguen encarcelados.

    Asimismo, ha continuado el acoso y las detenciones contra miembros del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y de otros grupos de la oposición democrática, lamentó el OCDH, que también denunció el «secuestro hospitalario», durante un mes, del artista Luis Manuel Alcántara.

  • Bachelet no ha estado a la altura en la defensa de los derechos humanos de los cubanos

    Bachelet no ha estado a la altura en la defensa de los derechos humanos de los cubanos

    El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) cuestionó este lunes el trabajo de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por «dar la espalda» a la tragedia de los cubanos.

    «Bachelet no ha estado a la altura en la defensa de los derechos humanos de los cubanos. Durante su mandato no se ha producido ninguna denuncia ni investigación pública sobre la represión en Cuba, en momentos en que el gobierno ha radicalizado el acoso y hostigamiento contra los diferentes actores de la sociedad cubana, incluso utilizando la situación de pandemia», explicó el organismo.

    Recordó que a la represión contra activistas políticos y periodistas independientes ahora se ha sumado una persecución por encima de lo habitual contra artistas y otros actores del mundo cultural, entre ellos el Movimiento San Isidro. Asimismo, la impunidad en los casos de brutalidad policial, la indolencia y falta de transparencia en casos de violencia contra las mujeres, en especial con los femenicidios, y la falta de políticas reales para revertir las desigualdades de los afrodescendientes en materia de acceso a determinados sectores laborales.

    También denunció que, coincidiendo con su mandato en ese organismo de la ONU, ha ocurrido el mayor deterioro de los derechos sociales en Cuba, lo que ha llevado a la mayoría de los cubanos a una situación de empobrecimiento extremo.

    En 2004 el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio de la ONU emitió un informe contundente sobre la Comisión de Derechos Humanos, en el cual alertó: “Nos preocupa observar que en los últimos años ha habido Estados que se han hecho partes en la Comisión no para afianzar los derechos humanos sino para protegerse contra críticas o para criticar a otros. La Comisión no puede ser creíble si se considera que aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones de derechos humanos”.

    Este es un asunto de vital importancia, porque, 17 años después, el Consejo, órgano sucesor de la Comisión, sigue arrastrando los mismos problemas, siendo tribuna de gobiernos como el cubano, con una nefasta trayectoria en materia de derechos humanos. Si bien la elección de los miembros no es responsabilidad directa de la Alta Comisionada, creemos que la aquiescencia de ésta ante la situación cubana, podría haber sido interpretada por otros estado como un factor de legitimación.

    La organización, con sede en Madrid, hizo notar que Bachelet ni siquiera sintoniza con posiciones moderadas sobre cómo abordar la situación de los derechos humanos en Cuba de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional.

    «Nos pareció razonable que durante el inicio de su mandato optara por una gestión discreta con respecto al tema, para mantener un canal de comunicación fluido con La Habana. Sin embargo, visto el comportamiento del gobierno cubano en materia de derechos humanos, dicha estrategia no ha dado resultados y, por tanto, nos preocupa que tampoco se haya hecho algo para modificarla», indicó el OCDH.

    «Consideramos que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos requiere una mirada menos ideológica y enfoques más serios sobre la situación de los derechos humanos en Cuba», precisa el organismo.

    ACCIONES REPRESIVAS EN CUBA 2021

    ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES  EN CUBA

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  • Organizaciones, publicaciones y periodistas independientes condenan el Decreto Ley 370

    Organizaciones, publicaciones y periodistas independientes condenan el Decreto Ley 370

    Las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.

    Si bien la situación de represión de la libertad de expresión y prensa es histórica y sistemática, la escalada represiva actual se recrudece en el marco de la aplicación del Decreto Ley 370 “SOBRE LA INFORMATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CUBA”, en vigor desde el 4 de julio de 2019. Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo especialmente de las y los periodistas, por difundir sus opiniones en redes sociales y  20 han sido víctimas de la imposición de multas de 3000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente. El impago de multas constituye un delito que prevé sanción de seis meses de cárcel, proceder sistemático por el que Cuba condenó a siete actores de la sociedad civil, actualmente en prisión. Particular preocupación nos causan las citaciones y detenciones arbitrarias en este momento de pandemia, lo cual además contradice las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud toda vez que se indica promover al máximo el distanciamiento social.

    Estos hechos demuestran que los derechos enunciados en la actual Constitución cubana, pero no ratificados con legislación complementaria, son una mera y vacía declaración. En cuanto a libertad de expresión el artículo 54 de la norma constitucional sostiene: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.”, y en el 55, “la libertad de prensa”, derecho que asegura “se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Adicionalmente este artículo establece que “Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.”

    Entendemos que estas prescripciones constitucionales son altamente contradictorias.  Inicialmente declaman el reconocimiento a las libertades de expresión y prensa y, acto seguido, limitan su ejercicio. En consonancia con la norma constitucional, el Decreto Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención la acción de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Esta cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe este derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

    La nueva Constitución cubana, el Decreto ley 370, y el accionar del Estado cubano, contravienen plenamente el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008; pero que lleva largos años sin ratificar. Este marco, bajo el cual el Estado cubano puede sancionar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), genera un efecto inhibitorio de la libertad de expresión ejercida a través de estas herramientas y plataformas, en tanto pesa una amenaza real y permanente de sanción para las personas, prácticamente para cualquier discurso que emitan y que discrecionalmente los órganos del Estado pueden calificar como una contravención legal, y posteriormente conducir a la privación de libertad. Asimismo, esta falta de previsibilidad tiene un efecto inhibitorio o amedrentador en la dimensión colectiva de la libertad de expresión y de reunión.

    Queremos subrayar que Reporteros Sin Fronteras ha señalado a Cuba como el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el número 171, entre los diez peores del ranking a nivel mundial en su último informe anual. Según Freedom House, es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuatro peor a nivel mundial, entre los 65 monitorizados[1]. Conforme el Índice CIVICUS Monitor indicativo de la vigencia de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, su espacio cívico es calificado como «cerrado».

    El Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas en 2019 mostró su preocupación por los diversos  mecanismos de represión en Cuba.[2] La Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) del sistema interamericano en su informe de 2019 reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020, expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado al COVID 19, resaltando los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370.

    Rogamos a la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos que exijan al Gobierno cubano que finalice de inmediato dicha persecución y acoso a ellas y ellos, y a sus familias, y se les devuelvan los bienes decomisados permitiéndoles el pleno y libre ejercicio de sus libertades, y permita a la ciudadanía cubana el libre acceso a la información.

    Al Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea, recomendamos siga las posiciones y mandato explícito[3] de su Parlamento sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba en las que solicita aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación; y apoyen activamente a los grupos de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos en Cuba.

    Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado, solicitamos se manifiesten públicamente y recomienden al Estado cubano revisar su legislación y derogar las normas que restringen la libertad de opinión y expresión.

    A la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que, en base a los informes de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Cuba, se pronuncie sobre la aplicación de los estándares que exige a todos los países de la región. Cuba es un estado miembro y no ha denunciado la Carta constitutiva. Asumió la obligación cuando suscribió instrumentos del sistema en materia de derechos humanos, que la suspensión actual no le exime de cumplir.

    Atento a lo expresado, reiteramos nuestra plena solidaridad con las y los periodistas independientes y actores de la sociedad civil perseguidos en el ejercicio de su libertad de expresión.

    [1] Informe Freedom on the Net 2019, Freedom House.

    [2] Comunicaciones AL CUB 1/2019, OL CUB 2/2019, AL CUB 5/2019, AL CUB 7/2019

    [3] Resolución “Cuba, en particular el caso de José Daniel Ferrer” P9_TA(2019)0073 del 28 de Noviembre del 2019

    FIRMANTES (por orden alfabético)

    ADNCuba
    Alas Tensas
    Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
    Árbol Invertido: Cuba, cultura y libertades
    ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
    Asociación Pro-Libertad de Prensa
    Centro Para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
    Civil Rights Defenders
    CIVICUS
    Corriente Martiana
    Cubalex
    Cubanet
    Cultura Democrática
    Demo Amlat
    Diario de Cuba
    El Estornudo
    Freedom House
    Fundación Ciudadania y Desarrollo
    Grupo Demóngeles
    Hora de Cuba
    Human Rights Foundation
    Hypermedia
    IFEX-ALC Alianza de América Latina y el Caribe
    Instituto Cubano para la libertad de Expresión y Prensa
    International Institute on Race, Equality and Human Rights
    International Society Foy Human Rights
    Inventario
    Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana
    Movimiento San Isidro
    Observatorio Cubano de Derechos Humanos
    PEN America
    People In Need
    Prisoners Defenders International Network
    Programa Cuba de la Universdad Sergio Arboleda
    Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos
    Puente a la Vista
    Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia
    Reporteros Sin Fronteras
    Rialta
    Robert F. Kennedy Human Rights
    Transparencia Electoral
    Tremenda Nota
    Voces del Sur
    YucaByte
    14yMedio
    Havana Time
    CiberCuba

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  • OCDH denuncia desaparición del activista Enix Berrio Sardá ante grupos de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas

    OCDH denuncia desaparición del activista Enix Berrio Sardá ante grupos de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas

    El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este sábado ante los grupos de trabajo sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas de la ONU la desaparición del activista Enix Berrio Sardá. Además presentó el caso ante la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos.

    Berrio Sardá había presentado el miércoles una solicitud formal para que la Asamblea Nacional de Cuba declare inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370.

    La también conocida como “Ley Azote” es la norma que utilizan las fuerzas represivas del gobierno cubano para imponer multas a los ciudadanos por el uso de redes sociales para manifestar criterios contrarios a los oficiales. Esta podría ser la motivación de la acción arbitraria de las autoridades contra él.

    Berrio Sardá está estrechamente vinculado con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde coordina el equipo que monitorea la situación de los derechos económicos en la isla y representa a la organización ante la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

    Además, Berrio asesora en materia de derechos humanos al destacado Movimiento San Isidro, formado por artistas plásticos y de otras ramas, que se oponen a la censura gubernamental a la libre creación artística y cultural en Cuba.

    Según ha reportado su familia, el activista se encuentra en paradero desconocido desde el mediodía del el 1 de mayo.

    Su hija ha llamado por teléfono a distintas estaciones de la policía y le han dicho que no se encuentra detenido. Sin embargo, no dar información sobre el paradero de los arrestados por motivos políticos suele ser una práctica de la policía política cubana.

    «El Observatorio responsabiliza al Gobierno cubano de la integridad física de nuestro colaborador. El clima represivo en contra de activistas de la sociedad y de la oposición debe cesar inmediatamente. El gobierno cubano utiliza el marco de una crisis global para recrudecer la represión, justo cuando las instituciones y los medios enfocan su acción en la contención de la propagación y el combate a la pandemia», afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

    Enix Berrio ha formado parte de delegaciones del OCDH en visitas al Parlamento Europeo y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); además, es el representante del OCDH ante la Alianza Regional por la Libre Expresión, y vocero de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (Muad).

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  • Cuentapropista multado, amenazado y sin protección alguna

    Cuentapropista multado, amenazado y sin protección alguna

    Adrián Rodríguez es trabajador por cuenta propia, titular de licencia de servicio gastronómico en cafetería y vecino de la Calle Concha No. 1124, en el capitalino municipio 10 octubre, denuncia al Observatorio de Derechos Económicos que con fecha 24 de enero le fue impuesta por un inspector de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social una multa ascendente a dos mil pesos cubanos (2 000.00 CUP). La razón:  incumplir las normas higiénico-sanitarias o ambientales vigentes; según refiere el inciso (h) Artículo 7.1. Capítulo II Contravenciones personales y medidas aplicables de carácter general, establecido en el Decreto-ley No. 357 de las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

    Refiere Rodríguez que al personarse el inspector y decirle el objeto de la multa no pudo creerlo, cuando la cafetería de la cual es el dueño esta siempre impecable: el piso, mostrador, vasos, paredes, todo. Incluso lo invitó a pasar y verificar el estado del local. Pero el inspector, sin mirarle siquiera a la cara, le dice que en la zona hace varias semanas que están presentando problemas con el suministro de agua y como otras cafeterías aledañas (solo 2) no han abierto, no entiende porque él lo hace. Ante esto no tuvo otra respuesta que insultarse ¿Cómo me van a poner una multa sin verificar el estado de higiene del local?

    Al día siguiente se personó en la Dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social a expresar su inconformidad y, para su asombro, la jefa del departamento le dice que tiene que pagar la multa o se le retira la licencia, y añade que él en otras ocasiones ha sido objeto de requerimientos por esta misma situación. Le explica Adrián que ella esta confundida, que puede estar pensando en otra persona, todo sin resultados favorables, pues incluso casi lo acusa por desacato a la autoridad.

    No conforme con esto, al día siguiente se personó en la Dirección provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como al Sindicato provincial de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios con una carta en la que declaraba todo lo ocurrido y quejándose del mal trato de los funcionarios.

    Después de varios días, este cuentapropista sigue sin resolver su situación e incluso tuvo que pagar la multa para no perder la licencia. Se pregunta Adrián, ¿Por qué suceden estas cosas, es justo lo que me está pasando?

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  • OCDH pide a la Asamblea Nacional la derogación urgente de dos artículos inconstitucionales del polémico Decreto-Ley 370

    OCDH pide a la Asamblea Nacional la derogación urgente de dos artículos inconstitucionales del polémico Decreto-Ley 370

    Representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentaron este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley No. 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.

    La petición afirma que el artículo 68 del Decreto-Ley 370 entra en colisión directa con el artículo 54 de la Constitución sobre el supuesto respeto y garantía de la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.

    El artículo 68 considera contravenciones asociadas a las TIC «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

    «Estamos claramente ante una forma encubierta e ilegal de extender el alcance punitivo y la censura política y cultural bajo la apariencia de normas administrativas contra actuaciones que no van contra los bienes jurídicos más importantes (…) Queremos llamar la atención de que en estos momentos las autoridades están usando el precitado artículo para sancionar con multas significativas a ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales abiertas, como Facebook y Twitter, o por enviar artículos y noticias a medios de comunicación independientes de los oficiales», recoge la solicitud.

    En cuanto al artículo 76 del Decreto-Ley 370, el OCDH denuncia que se contradice con el artículo 99 de la Constitución sobre daños o perjuicios sufridos por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, y la correspondiente reparación o indemnización.

    De igual forma, contradice un derecho consagrado en el artículo 94 sobre el debido proceso en los ámbitos judicial y administrativo y, en consecuencia, con los derechos de reparación por los daños materiales y morales e indemnización por perjuicios.

    «En cualquier caso, el artículo 76 del Decreto Ley 370 que se cuestiona, limita de manera inconstitucional el derecho que ha querido garantizar la Constitución como protección del ciudadano ante las actuaciones u omisiones indebidas, entre otros, de los funcionarios estatales. Y ello tiene el gran peligro de alimentar la impunidad de la administración en sus actuaciones, dado que tendría una especie de fuero o inmunidad», explica el OCDH.

    Los activistas Enix Berrio Sardá y Luis Manuel Otero Alcántara presentaron la solicitud en la sede de la Asamblea Nacional en La Habana.

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  • OCDH pide a Primer Ministro cubano que libere a todos los presos políticos

    OCDH pide a Primer Ministro cubano que libere a todos los presos políticos

    El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió nuevamente al gobierno de Cuba medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos y evitar el colapso de las cárceles por el virus Covid-19.

    Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi cien mil internos y unas 200 cárceles. El gobierno del Partido Comunista no ha permitido nunca la inspección internacional de dichas instalaciones.

    Contrario a lo que dice la propaganda oficial, los centros de internamiento de la isla carecen de las condiciones de salubridad necesarias. El hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica han sido causa de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas agudas y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis.

    Dentro del complejo universo carcelario cubano hay más de un centenar de presos políticos. Hombres y mujeres que, después de procesos judiciales carentes de garantías, cumplen condenas por el simple hecho de querer ejercer sus derechos.

    «Señor Manuel Marrero Cruz: Reiteramos nuestra solicitud y la del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea de que «revise, con carácter de urgencia, todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, y que libere a todos los involucrados, de acuerdo con los compromisos internacionales de Cuba».

    En ese grupo de presos está José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien el próximo 4 de abril cumplirá seis meses de encierro. El pasado 26 de febrero, el gobierno cubano le juzgó a puerta cerrada, sin que hasta ahora conozcamos el fallo. Pero también están encarcelados Roberto Quiñones, Ramón Rigal y muchos otros.

    Hacemos un llamado al Gobierno cubano a que actúe con urgencia y libere a todos los presos políticos.

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  • El estado cubano debe miles de millones de pesos a los campesinos privados

    El estado cubano debe miles de millones de pesos a los campesinos privados

    En la provincia de Cienfuegos el productor agropecuario Luis Andrés Ribero debió entregar al Estado cubano más de 900 toneladas de carne de cerdo en 2019.  El recrudecimiento de la crisis económica lo afectó gravemente ya que la empresa estatal porcina incumplió con la entrega de piensos para la alimentación animal, generándole a Luis Andrés una pérdida económica por más de de $500.000 CUP.

    Ante el incumpliendo de la empresa porcina con lo pactado en el acto contractual, el productor privado realizó la reclamación comercial pertinente, la cual fue declarada sin lugar, alegándose por la instancia administrativa que es un problema que afecta el país por el tema de las materias primas, por lo que la Empresa Porcina no cuenta con las materias primas para la contratación del año 2020.

    Por su parte, Florentino Hernández, igualmente productor de carne porcina, pero de la vecina provincia de Sancti Spíritus, por la misma causa la empresa estatal le debe 90 000. 00 CUP, afectación económica por la que nadie se quiere responsabilizar por la situación causada.

    En ese entorno entra la incultura de la gestión de riesgo, aseguradoras, pero este observador económico quiere recordar que el incumplimiento de los compromisos de Estado con el sector productor de alimentos en cuba es de mas de 30 años y por montos multimillonarios. Pero quien puede demandar el Estado. Antes fue Fidel, después, Raúl y ahora Días-Canel quien exhorta a los empresarios de la agricultura estatal cubana a honrar las deudas contraídas con los campesinos y trabajadores agropecuarios. En definitiva, ese “nunca acabar” no es más que capítulos de un drama nacional donde la culpa no recae sobre los responsables cuando se trata del Estado cubano.

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  • Corrupción de agentes del estado cubano esquilmando a los trabajadores por cuenta propia de la capital

    Corrupción de agentes del estado cubano esquilmando a los trabajadores por cuenta propia de la capital

    Denuncia 1

    Vladimir Diaz Cardero, 66 años, vendedor ambulante en el Reparto “El Camilo” del municipio de Habana del Este. En dos ocasiones ha sido acosado y molestado por una pareja de inspectores de la Dirección de Inspección y Supervisión. La primera vez se le acercaron pidiéndole su licencia como Elaborador y Vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma ambulatoria, además de intentar ponerle una multa ascendente a 100.00 CUP por estar sin moverse por un espacio de tiempo de más de 15 minutos en el mismo sitio. Vladimir pudo salir ileso de esa situación, mostrándole la mencionada licencia y alegando que estaba tomando un descanso en ese momento.

    La segunda ocasión fue intervenido por la misma pareja de inspectores, pero esta vez para pedirle los papeles de la procedencia de algunos de los productos que vendía como es el caso de unas galletas de chocolate que se venden en las TRD, antes de que Vladimir les explicara como obtenía ese producto uno de los inspectores le pide 10.00 CUC y olvidaban el asunto.

    Al no aceptar tales condiciones y no tener una documentación de la procedencia de las galletas de chocolates, Vladimir fue gravado con una multa de 200.00 CUP. Por lo que decide denunciar un evidente hecho de corrupción, acoso y abuso de poder de las autoridades cubanas sobre los cuentapropistas.

    Denuncia 2

    Maritza de la Caridad Figueroa, 32 años, propietaria de una mesita de artículos varios en la Feria del Puente de 100 y Boyeros, La Habana. El 6 de enero un Inspector de la Dirección de Inspección y Supervisión junto con un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria realizaron inspección en la feria antes mencionada. Esto agentes de la autoridad detectaron que la empleada que trabajaba junto con la dueña no tenía licencia para realizar este tipo de actividad por lo que decidieron hacerle un decomiso del más del 50% de sus artículos.

    Maritza, conocedora de las leyes les reclamó, pues por tales motivos solo debían ponerle una multa ascendente a 750.00CUP. Los oficiales le contestaron de forma inapropiada y le orientaron que se quejara a las instancias correspondientes.

    Luego de aquel incidente Maritza ha sido víctima de la burocratización y “peloteo” de las Oficinas de Territoriales de Supervisión y otros organismos de la Administración Central sin tener respuestas y menos aún sus bienes decomisados.

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